29-6-2017
El Grupo Socialista ha votado hoy en contra del dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado sobre la declaración de actividades de los diputados de la Cámara. Este dictamen está pendiente de aprobación desde el inicio de la legislatura, porque el Grupo Socialista considera que la treintena de diputados que han declarado ejercer una actividad privada simultánea a la de su labor de diputados deberían aclarar en el seno de la comisión dichas actividades. PP, Podemos y Cs han votado conjuntamente a favor del dictamen.
El portavoz en la comisión, Luis Carlos Sahuquillo, ha recordado que el Grupo Socialista ya aplica con carácter interno la incompatibilidad de actividades con la de diputado. “Y si es posible para nosotros, también lo debe ser para el resto”, ha explicado. Para Sahuquillo es inadmisible, por ejemplo, “que un diputado exhibiendo su autorización de compatibilidad perciba 5.000 euros al mes; no podemos permitir que este tipo de comportamientos enfangue y emborrone la labor y el trabajo de esta Cámara, acciones que nos separan de los ciudadanos”.
Sahuquillo ha recordado que la LOREG establece que el mandato de los diputados y senadores “se ejercerá en régimen de dedicación absoluta” y que “su mandato será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”. Sobre las excepciones, una de ellas (profesores universitarios, administración del patrimonio personal o familiar, producción y creación literaria, científica, artística o técnica), no ofrece ningún problema. No obstante otra de las excepeciones (realización de otras actividades privadas), “se ha convertido en un cajón de sastre, como si de un cheque en blanco para los parlamentarios se tratase, y lo que es una mera posibilidad se convierte en algo que no es, un derecho”.
El diputado ha explicado durante su intervención que el dictamen que hoy se ha votado, en lo referente al libre ejercicio y por cuenta propia de actividades profesionales, “especifica que se trata de una actividad privada”. “Pues como es una posibilidad y no es un derecho, nuestro Grupo ha decidido poner punto y final a esta situación”, ha señalado.
Propuestas socialistas
El diputado también se ha referido a las propuestas que desde el Grupo Socialista se han hecho para acotar las actividades extraparlamentarias de los diputados. En este sentido, “en diciembre de 2016 ya advertimos de que nuestra intención era, en lo referente a declarar la compatibilidad de actividades privadas, no apoyar el dictamen como se venía haciendo”. Ya el pasado 23 de febrero la propuesta socialista incluyó, por una parte y con carácter previo a emitir el dictamen, solicitar la comparecencia de quienes requieran la autorización para informar a la Comisión de las razones por las que piden la misma y las actividades privadas que pretendan desarrollar.
Además, propuso transmitir a la Mesa de la Cámara para su traslado a los grupos parlamentarios su criterio favorable a que se regulen, en las normas que en su caso resulten procedentes, los siguientes extremos en materia de incompatibilidades: por un lado, disponer y hacer efectivo el principio de dedicación exclusiva de los parlamentarios. En este sentido, solo podrían ser susceptibles de compatibilidad las actividades privadas relativas a la mera administración del patrimonio; la producción y creación literaria, científica, artística o técnica y las publicaciones derivadas de ellas; así como, siempre que no se perciba remuneración, la pertenencia a órganos directivos o de representación de partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales, asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, la colaboración en actividades docentes o la participación en conferencias, seminarios y actividades análogas o la colaboración en medios de comunicación. La propuesta socialista incluyó asimismo atribuir a la Comisión del Estatuto de los Diputados la capacidad para comprobar la veracidad de las declaraciones y, concretamente, para investigar las omisiones o falseamientos en las mismas y el incumplimiento de los términos de la autorización concedida por la Cámara, pudiendo proponer al Pleno la adopción de las correspondientes sanciones por dicho incumplimiento.
